Blindar el Malecón Contra el "Síndrome Adánico" de Turno

Contra el "Síndrome Adánico": La ingeniería de gobernanza para salvar el Malecón de Girardot

En el panorama de la administración pública colombiana, existe una patología recurrente que amenaza el desarrollo de nuestros territorios: el "Síndrome Adánico". Esta tendencia de los nuevos mandatarios a creer que la historia comienza con ellos, y que, por tanto, deben borrar o detener lo iniciado por sus antecesores, es el enemigo número uno de los proyectos de largo plazo. Para un proyecto de la envergadura del Malecón de Girardot, que aspira a transformar la relación de la ciudad con el río Magdalena, el desafío no es solo arquitectónico, es un reto clásico de gobernanza: ¿cómo lograr que una obra que trasciende cuatrienios sobreviva a la volatilidad de la política local?

La respuesta no reside únicamente en los planos, sino en la construcción de un blindaje multidimensional. Un proyecto de borde de río es especialmente vulnerable debido a la complejidad de sus permisos ambientales y de navegación, los cuales suelen convertirse en la excusa perfecta para frenar las obras por revanchismo político. Para evitar que este sueño urbano se convierta en otro "elefante blanco", es imperativo desplegar una estrategia de protección en tres capas: técnica, institucional y social.

En primera instancia, debemos superar el error de financiar estas infraestructuras como si fueran gastos menores de la alcaldía. El blindaje financiero exige sacar el proyecto de la "caja menor" y estructurarlo con visión de Estado. La clave está en la "llave en mano" técnica: contratar la estructuración y gerencia con entidades nacionales como Findeter o EnTerritorio. Al involucrar a estos actores, el proyecto adquiere un sello de calidad técnica que difícilmente un alcalde local podrá desestimar bajo el argumento de "estudios mal hechos". Además, herramientas como las Vigencias Futuras Excepcionales permiten comprometer el presupuesto de mandatos futuros, creando un "cerrojo" legal; deshacer este compromiso implicaría un costo político y jurídico tan alto que disuade cualquier intento de sabotaje.

Sin embargo, el dinero no lo es todo. El blindaje institucional requiere una "triangulación de intereses". El Malecón no puede ser un proyecto huérfano de la Alcaldía; debe nacer de un convenio tripartito que vincule a la Gobernación de Cundinamarca y a Cormagdalena. Al hacer socios a los dueños de la ribera (Cormagdalena) y al nivel departamental, se garantiza que, ante un cambio de gobierno hostil en lo local, los socios superiores presionen la continuidad. Asimismo, elevar el proyecto a una categoría de "Importancia Estratégica" mediante documentos CONPES locales o su inclusión determinante en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo blinda frente a los caprichos administrativos diarios, convirtiéndolo en una política de Estado local.

Finalmente, el blindaje más poderoso es el social, esa vacuna contra el ego político. De nada sirven los contratos si a la ciudadanía no le importa la obra. Aquí la estrategia es la del "Punto de No Retorno": la administración saliente no debe aspirar a inaugurar todo, sino a dejar 100% funcional un tramo piloto. Cuando la ciudadanía usa y disfruta los primeros 200 metros de espacio público, se genera una demanda social que hace políticamente suicida detener el resto de la obra, tal como sucedió con el Malecón de Barranquilla. Sumado a esto, la figura de "Obras por Impuestos" involucra al sector privado, cuya reputación corporativa defenderá la ejecución del proyecto con un ahínco que supera al del sector público.

Si, a pesar de todo, la voluntad política falla, el ordenamiento jurídico colombiano ofrece herramientas coercitivas. A menudo olvidamos que la ciudadanía tiene el poder de activar la "Acción de Cumplimiento" (Ley 393 de 1997) para obligar a un mandatario a ejecutar lo aprobado por norma, o la "Acción Popular" para proteger la moralidad administrativa y el patrimonio público ante el abandono de obras.

En conclusión, blindar el Gran Malecón de Girardot es transformar una voluntad política volátil en una obligación jurídica y social vinculante. El éxito no depende solo del concreto, sino de tejer una red de seguridad donde la planeación financiera, la alianza interinstitucional y la apropiación ciudadana hagan imposible el retroceso. Es hora de dejar de quejarnos únicamente en redes sociales y empezar a usar las herramientas de gestión y jurídicas que garantizan el futuro de nuestra ciudad.